El Gobierno del Principado ha presentado hoy al Consejo Asesor de Turismo el borrador del decreto que regulará las viviendas vacaciones (VV) y las viviendas de uso turístico (VUT). La nueva norma adapta la regulación a la evolución del mercado, al incremento de alojamientos gestionados en plataformas digitales y a la necesidad de garantizar la convivencia, la protección de la vivienda residencial y la calidad del destino.
El texto, que desarrolla la reforma de la Ley de Turismo aprobada tras un proceso de diálogo con el sector, los ayuntamientos y la ciudadanía, sustituirá al vigente desde 2016. En este sentido, el decreto establece requisitos claros, procedimientos transparentes y nuevos mecanismos de control. Por tanto, supone un avance decisivo hacia un modelo turístico responsable, equilibrado y sostenible
La normativa fija estándares precisos de calidad y seguridad en las viviendas turísticas. Entre ellos destacan los siguientes:
• Un baño por cada cuatro plazas.
• Sistema de monitorización de ruido.
• Plano de evacuación y señalización de salidas al exterior.
• Conexión a internet o teléfono, salvo zonas sin cobertura.
• Extintor de 6 kg polvo ABC por planta y botiquín.
• Límites de ocupación por superficie y máximo de ocho plazas.
Estos requisitos tienen plazos de adaptación diferenciados:
• 12 meses para cumplir la ratio de baños y las superficies mínimas.
• 6 meses para el resto de requisitos (monitorización de ruido, plano de evacuación, internet, servicios obligatorios).
El decreto establece por primera vez para este tipo de alojamientos la recepción presencial dentro de las 24 horas siguientes a la entrada y la oferta de servicios turísticos, como reparaciones y mantenimiento o limpieza diaria. También se ofrecerá información turística relativa al lugar y entorno donde se encuentre ubicada la vivienda.
Las viviendas deberán incluir su número de signatura del Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado y localización exacta en cualquier tipo de publicidad o plataforma de comercialización. También deberán facilitar información de normas internas, accesos, condiciones de uso, contacto de emergencias (112, Policía y Bomberos), horarios de entrada y salida y precios.
Mayor control y papel decisivo de los ayuntamientos
La propuesta de decreto desarrolla la capacidad de los ayuntamientos prevista en la Ley de Turismo y regula el informe municipal preceptivo y vinculante, que deberá determinar si la vivienda tiene carácter residencial, si la actividad de alojamiento turístico que se propone es conforme con el uso urbanístico previsto por la normativa municipal, la ocupación máxima y las condiciones medioambientales.
La norma refuerza la función de los concejos, a los que el Principado ofrece colaboración para el cumplimiento de la normativa mediante la suscripción de convenios para facilitar su implantación.
Además, el texto detalla los plazos de suspensión que pueden aplicarse en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos, que van desde un período mínimo de seis meses a un máximo de cuatro años. Entre esos incumplimientos figuran la falta del certificado de la comunidad, la inexistencia de seguro de responsabilidad civil, el incumplimiento de habitabilidad o seguridad o falsedad en la declaración responsable.
Las viviendas ya inscritas dispondrán de 6 o 12 meses, según el tipo de requisito, para adaptarse a la nueva regulación una vez entre en vigor.
La vicepresidenta y consejera de Turismo, Gimena Llamedo, ha destacado la utilidad de la norma. “Asturias necesita un turismo responsable, capaz de convivir con los vecinos y vecinas, y este texto nos acerca a ese objetivo”, ha señalado.
“Esta es una norma nacida del diálogo. Hemos escuchado al sector, a los ayuntamientos y a la ciudadanía. El resultado es un decreto exigente y equilibrado, que protege la calidad del destino y también la convivencia. Y esa es la base del modelo sostenible que queremos para Asturias”, ha valorado.
Tras su paso por el Consejo Asesor de Turismo, el decreto continuará la tramitación por la Comisión Asturiana de Administración Local y el Consejo Consultivo para finalmente ser aprobado en Consejo de Gobierno.
Fuente: Actualidad Asturias.es
